jueves, mayo 14

¿Qué pasa en Tía María?

Tía María es una consecuencia. Más allá de las razones iniciales del conflicto y de sopesar cuál de las partes tiene razón; estamos ante la desnudez de nuestra sociedad más precaria a nivel social: la intolerancia, el racismo, los prejuicios, el abuso, la injusticia abundan y se desprenden a borbotones desde todos los ángulos posibles: el gobierno, los dirigentes, los protestantes, la policía, los inversores, la prensa e incluso la opinión pública.

A estas alturas, la desinformación de lo que sucede en Islay es evidente. No desde el punto de vista del silencio cómplice ante el desborde –ya no es posible-. La desinformación viene desde la parcialización de posturas por intereses propios (económicos o políticos), originando una mala información que se traduce en datos inexactos, en asumir supuestas actitudes dolosas sin prueba alguna, en pruebas sembradas para incriminar personas, o hasta en crónicas periodísticas insensibles. Todo esto, en consecuencia, origina una mayor polarización en el país, innecesaria para la búsqueda de una solución.

Todos tienen parte de error en este conflicto. El fracaso del diálogo es responsabilidad de un gobierno timorato y de dirigentes sociales obtusos. Sin embargo no es justificable la política coercitiva a ultranza que hoy asume el Estado al autorizar la intervención militar en la protesta popular. Avergüenza saber que incluso periodistas lo avalen, razonando erróneamente que las Fuerzas Armadas están mejor preparadas para reestablecer el orden y controlar desmanes. Esto no tiene lógica posible. El ejército no está preparado ni para crear, ni mantener ni restaurar el orden de los ciudadanos. Ellos están preparados para afrontar conflictos de mayor alcance nacional tanto internos como externos. No podemos dejar pasar por alto que el ejército –por más buenas intenciones que tenga- tiene una preparación distinta a la de la policía nacional. En este contexto, es evidente que los derechos humanos es cuento chino al momento de decidir si es necesario disparar disuasivamente o al cuerpo para neutralizarlo (matarlo), aquello significa un atentado directo al Estado democrático de derecho, que al menos en la región Arequipa se ha perdido. En definitiva, un despropósito por donde se le mire.

Análisis aparte merecerá entender las razones reales del fracaso en las negociaciones e individualizar a los responsables de este fiasco. Hoy, sin embargo, es el Estado el encargado de reestablecer las condiciones necesarias para una convivencia saludable. La dificultad no obstante, radica en el arcaico pensamiento que el fuego se apaga con más fuego. Prueba de esto, son las innecesarias declaraciones del presidente, tachando de delincuentes a los promotores de la protesta. Han pasado seis años desde el conflicto en Bagua y aún no aprendemos.

Visto en La República

Tweets por el @jcoco2515.